● La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en los últimos días un elemento central: las declaraciones de las acreedoras que financiaron la primera hipoteca de uno de sus inmuebles, mientras se aguarda la citación de dos jubiladas que, según el expediente, habrían aportado cerca de US$ 200 mil para otra operación inmobiliaria.

● La causa analiza el origen y la estructura de los fondos utilizados para la adquisición de propiedades, en especial aquellas financiadas mediante préstamos entre particulares. Estas operatorias, habituales en el mercado inmobiliario pero sujetas a controles cuando involucran a funcionarios públicos, buscan ser esclarecidas a partir de testimonios y documentación respaldatoria incorporada al expediente.

● Además del financiamiento de los inmuebles, la investigación pone el foco en posibles omisiones en declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario ante organismos competentes. El objetivo es determinar si todos los bienes y obligaciones fueron debidamente informados conforme a las exigencias legales vigentes.

● En paralelo, la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias debió presentarse ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se evalúa su actuación profesional en relación con los controles formales y las obligaciones vinculadas a la prevención de lavado de activos en transacciones que involucran a personas políticamente expuestas.

● El expediente se encuentra en etapa de recolección de pruebas y testimonios, sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad penal alguna. Los próximos pasos estarán centrados en las declaraciones pendientes y en el análisis integral de la documentación, elementos que resultarán clave para establecer la evolución patrimonial del funcionario y la legalidad de las operaciones investigadas.

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