El Gobierno cubano comenzó a convertir en leyes un paquete de reformas económicas que habilita a pequeñas y medianas empresas privadas a vincularse directamente con capital extranjero y realizar operaciones de comercio exterior sin intermediación estatal.
En Cuba, el Gobierno comenzó a implementar mediante decretos y leyes algunas de las 176 reformas económicas anunciadas en junio por el presidente Miguel Díaz Canel y posteriormente aprobadas por el Parlamento. Las medidas apuntan a introducir cambios en el funcionamiento del sector privado frente a la crisis económica y energética que atraviesa la isla.
Los nuevos decretos autorizan a las empresas privadas a asociarse directamente con capital extranjero, manejar cuentas en bancos radicados en el exterior y realizar importaciones y exportaciones sin la intermediación obligatoria de entidades estatales. También se elimina la obligación para los inversionistas extranjeros de contratar trabajadores cubanos mediante agencias empleadoras estatales.
En julio, el Gobierno había aprobado la apertura al sector privado de áreas como gasolineras, farmacias, puertos y bancos. Según los datos mencionados en la transcripción, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas operan actualmente en Cuba y emplean a más de un tercio de la población activa.
Las reformas se desarrollan en un contexto de dificultades económicas y energéticas. La transcripción señala además que Washington inició en enero una política de máxima presión que incluyó un bloqueo petrolero y que, según esa fuente, agravó la situación que ya enfrentaba el país.
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