● Más de 60 pozos agrícolas sin electricidad y 40 empresas con actividades suspendidas: esas son dos de las cifras que el sindicato vitivinícola llevó al debate legislativo sobre la crisis del Valle Antinaco-Los Colorados. Un proyecto identificado como Expediente 636 propone declarar por 180 días la emergencia productiva, energética y laboral del sector.

● Los fundamentos de la iniciativa citan un relevamiento del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), filial Chilecito. Según ese informe, 40 de las 110 empresas vinculadas a la actividad habrían paralizado sus operaciones de manera temporal o definitiva. La cifra incluye distintos tipos de establecimientos y no equivale a 40 bodegas cerradas definitivamente.

● El problema del riego ocupa un lugar central en el reclamo. De acuerdo con los datos atribuidos al sindicato, más de 60 perforaciones agrícolas permanecen fuera de servicio por cortes de electricidad. La presentación también habla de más de 1.000 hectáreas de viñedos abandonadas y otras 1.000 en riesgo por falta de riego, cifras todavía no verificadas independientemente.

● Entre los establecimientos mencionados en los antecedentes de la crisis aparecen Viña Famatina, en Anguinán, y Alameda Riojana, en Tilimuqui. SOEVA ya había advertido sobre problemas de continuidad laboral y productiva antes de la presentación legislativa. La situación de cada empresa requiere distinguir cierres definitivos, suspensiones temporales y otras interrupciones de actividad.

● La iniciativa plantea una declaración de emergencia durante seis meses y, según la información difundida sobre el expediente, contempla medidas vinculadas al suministro eléctrico, alivio impositivo y asistencia crediticia. Se trata de propuestas sujetas al tratamiento legislativo: no corresponde presentarlas como beneficios aprobados ni como una prohibición de cortes de luz que ya esté vigente.

● La novedad del 14 de octubre es que el reclamo sectorial quedó expresado en un proyecto de ley provincial. Hasta contar con constancia oficial del trámite, no puede afirmarse que Diputados lo haya aprobado. Tampoco existe en la documentación disponible una verificación independiente de todas las cifras sindicales, por lo que deben mantenerse expresamente atribuidas a SOEVA.

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