● Más de $1.002 millones depositados en bancos, $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro aparecen en la declaración jurada de Claudio “Chiqui” Tapia correspondiente a 2024, según la denuncia que ahora investigará la Justicia federal. El empresario Guillermo Tofoni sostiene que la liquidez del dirigente creció cerca de 1.000% respecto de 2017.

● El expediente se inició el 7 de abril de 2026 y apunta al patrimonio de Tapia por su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocida como CEAMSE. La investigación está vinculada a esa función pública y no a su condición de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

● Según la presentación de Tofoni, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con una valuación fiscal conjunta de $17 millones, un vehículo y aproximadamente $1,5 millones en activos líquidos. Para 2024, la denuncia señala más de $1.002 millones distribuidos en cuentas bancarias, además de $39 millones en efectivo y US$246.206 depositados.

● La denuncia también pone el foco en la evolución inmobiliaria. Señala que en 2019 Tapia incorporó cuatro inmuebles, entre ellos una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito, una propiedad en Cardales y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.

● Otro punto cuestionado corresponde a la declaración jurada presentada en julio de 2025. Según Tofoni, allí Tapia informó $0 en efectivo y $0 en depósitos bancarios, pero declaró al mismo tiempo $130 millones en rendimientos financieros provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. El denunciante pide que se determine el origen del capital que habría generado esos rendimientos.

● La presentación consigna además ingresos anuales declarados por $100.233.144 provenientes del CEAMSE y $718.536.500 por su función como vicepresidente segundo de la CONMEBOL. Respecto de la AFA, la denuncia sostiene que la presidencia es ejercida ad honorem. La hipótesis de Tofoni es que esos ingresos no explicarían algunos movimientos patrimoniales anteriores, cuestión que deberá ser determinada judicialmente.

● La causa pasó primero por la Justicia porteña y quedó trabada por una discusión sobre qué fuero debía intervenir. La Cámara Federal resolvió finalmente que corresponde a la Justicia federal de Comodoro Py y el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Hasta el momento no se habían producido medidas de prueba por el conflicto de competencia.

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