El Gobierno chileno decretó el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío tras confirmarse la muerte de veinte personas y la destrucción de al menos 536 hogares.
La emergencia ígnea, que comenzó el pasado sábado 17 de enero, afectó principalmente a las zonas de Lirquén, Penco y Tomé, donde las llamas avanzaron con una voracidad extrema. Según el reporte actualizado del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el fuego ya consumió más de 34.000 hectáreas y obligó a la evacuación preventiva de aproximadamente 50.000 ciudadanos.
El presidente Gabriel Boric recorrió las áreas damnificadas y ordenó un toque de queda nocturno para facilitar las tareas de los brigadistas y prevenir posibles saqueos. Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó que la mayoría de las víctimas fatales pertenecía a la región del Biobío. En paralelo, el Gobierno argentino ofreció asistencia técnica y brigadistas para colaborar en el combate de los focos que permanecen activos y fuera de control debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos.
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