● Unas 1.800 hectáreas de bosque nativo, equivalentes a más de 2.500 canchas de fútbol, fueron afectadas por un desmonte denunciado junto al Parque Provincial Loro Hablador, en Chaco. La estimación surgió del análisis de imágenes satelitales realizado por Aves Argentinas en una zona clasificada como categoría amarilla por la Ley de Bosques, donde no se permite desmontar.

● El 8 de septiembre, la Dirección de Bosques de Chaco y la Policía Rural secuestraron cuatro topadoras y dos cadenas de aproximadamente 100 metros utilizadas para derribar vegetación. Sin embargo, Aves Argentinas afirmó que imágenes satelitales posteriores mostraron indicios de que la destrucción continuó después de ese procedimiento.

● El sector afectado integra un corredor de biodiversidad del Gran Chaco, con presencia de especies como el yaguareté, el tatú carreta, el pecarí quimilero y el loro hablador. La eliminación del bosque reduce y fragmenta los ambientes que estas especies necesitan para desplazarse, alimentarse y reproducirse.

● La denuncia cobró especial relevancia porque, durante el período señalado, regía una medida cautelar del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia que prohibía los desmontes en la provincia. La restricción judicial se sumaba a la protección de la categoría II, que admite determinados usos sostenibles del bosque, pero no su eliminación para cambiar el uso del suelo.

● Aves Argentinas presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer quiénes son los propietarios del campo y de las máquinas secuestradas. Según la organización, la Dirección de Bosques provincial todavía no había entregado esos datos al momento de su denuncia. La identidad de los posibles responsables y las eventuales sanciones no quedaron establecidas en la información disponible.

● El ministro de Producción de Chaco, Oscar Dudik, sostuvo que la Provincia presentó una denuncia penal por el desmonte. Por su parte, Aves Argentinas reclamó controles más estrictos, monitoreo satelital y restauración de la superficie afectada. El caso quedó bajo seguimiento judicial y ambiental, mientras persisten interrogantes sobre la continuidad de las tareas y las responsabilidades por la destrucción.

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