● La deuda ya no aparece solamente en la tarjeta de crédito: cada vez más personas que financiaron compras de alimentos, medicamentos, combustible y servicios básicos están siendo demandadas por bancos y billeteras virtuales. En numerosos expedientes, los acreedores reclaman montos promedio cercanos a los $5,9 millones y solicitan medidas para recuperar el dinero adeudado.

● El fenómeno avanza en paralelo con el crecimiento de la morosidad. Según datos citados por la investigación, una importante emisora de tarjetas llegó a presentar 36 demandas en una sola jornada contra clientes que acumularon atrasos prolongados. Además del capital reclamado, los juicios incluyen intereses y pedidos de embargo sobre ingresos y cuentas.

● Los consumos que aparecen con mayor frecuencia en los expedientes judiciales no corresponden a bienes de lujo. Supermercados, farmacias, estaciones de servicio, transporte, delivery y plataformas de entretenimiento figuran entre los gastos más habituales que terminaron financiados y luego quedaron impagos por falta de recursos para afrontar las cuotas.

● La situación también se refleja en los indicadores financieros. La mora superior a 90 días continuó creciendo tanto en entidades bancarias como en fintech y billeteras virtuales. Ese aumento encendió alertas en el sector porque implica una mayor cantidad de clientes que dejan de cumplir con sus obligaciones y pasan a instancia judicial.

● Cuando una deuda llega a los tribunales, los acreedores pueden iniciar acciones de cobro y solicitar medidas cautelares. Entre ellas aparecen embargos sobre salarios, cuentas bancarias u otros ingresos registrados. Cada caso depende de la instancia judicial correspondiente y de las medidas que autoricen los jueces intervinientes.

● Especialistas consultados por la investigación vinculan el aumento del endeudamiento con la pérdida de poder adquisitivo y la creciente utilización del crédito para sostener gastos cotidianos. El resultado es una situación cada vez más visible: personas que tomaron deuda para cubrir necesidades básicas y que ahora enfrentan reclamos judiciales para saldar esos compromisos.

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