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En su informe final sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, presentado este jueves, Amnistía Internacional denuncia que los disparos contra manifestantes y transeúntes en la represión gubernamental contra las protestas que estallaron en diciembre pasado exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, no son acciones aisladas, sino una “respuesta estatal deliberada y coordinada”.

Amnistía denuncia un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales en la represión que ha dejado 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. El total de fallecidos en el marco de las protestas son 67. Llamando la atención en el sesgo racista que ha tenido la represión -la mayoría de las víctimas son pobladores indígenas de las zonas andinas- Amnistía titula su informe: “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de las fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú”. Amnistía califica como “muy grave” la situación de los derechos humanos en el Perú.

De las centenares de víctimas, entre muertos y heridos, el informe de Amnistía analiza 52 casos de personas fallecidas y heridas durante la represión. Estos casos incluyen 25 muertes, de cuyo análisis el organismo de derechos humanos concluye que 20 “pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales”. En los otros cinco casos de fallecidos se denuncia un “uso excesivo de la fuerza”. En todos estos casos, las víctimas murieron por disparos de fusiles de guerra o de escopetas de perdigones de plomo prohibidos en el control de protestas. De estas 25 víctimas, 15 eran jóvenes menores de 21 años. Testimonios de testigos, evidencias de videos y necropsias respaldan lo dicho por el organismo de derechos humanos. Los casos analizados por Amnistía se dieron en las poblaciones andinas de Ayacuhco, Andahuaylas y Jualiaca, donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes y heridos. Es un informe contundente, que deja muy mal parado al gobierno de Boluarte, como antes lo han hecho otros informes de distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El informe responsabiliza al gobierno de haber llevado a cabo “ataques generalizados a través de decenas de ejecuciones extrajudiciales” entre el 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, y el 9 de febrero de 2023, periodo analizado por Amnistían en este informe. La represión continuó luego de esa fecha. “El hecho de que el uso de munición letal fuera constante a lo largo de un periodo de poco más de dos meses, a sabiendas de la mortalidad que estaba ocasionando, apunta a una estrategia planificada y consciente y no ha hechos aislados producto de oficiales actuando por su cuenta”, señala el informe. Se indica que esta conducta implica responsabilidad en las altas autoridades del gobierno y exige sean investigadas.

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