● A dos días del vencimiento previsto, Manuel Adorni pidió otros 15 días para presentar la justificación de su patrimonio en la causa en la que es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Su defensa planteó ante el juez federal Ariel Lijo que todavía necesita revisar archivos y conversaciones utilizados por el fiscal Gerardo Pollicita en el requerimiento.

● El pedido aparece después de que Pollicita formulara el 10 de agosto un requerimiento de 207 páginas con 20 puntos que el exjefe de Gabinete debe explicar. El análisis abarca desde su ingreso a la función pública nacional, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, formalizada el 27 de junio de 2026.

● Según el dictamen fiscal, durante el período investigado Adorni y su esposa registraron $229.752.283,20 en ingresos provenientes de haberes, mientras que los gastos contabilizados en pesos alcanzaron $272.820.832,20. Esa comparación dejó una diferencia aproximada de $43.068.549 que la Fiscalía incorporó entre los movimientos que requieren una explicación documentada por parte del exfuncionario.

● La investigación también contabilizó US$402.578,12 en gastos y movimientos en moneda extranjera vinculados, según la Fiscalía, con operaciones inmobiliarias, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes. Entre los puntos requeridos aparecen además dólares declarados como provenientes de venta de activos, préstamos familiares, la compra de un Jeep, operaciones con criptoactivos y pagos realizados mediante terceros.

● Uno de los focos está puesto en una propiedad del country Indio Cuá. Pollicita pidió que se justifiquen US$245.000 que, de acuerdo con el requerimiento, habrían sido abonados en efectivo al contratista encargado de remodelar la vivienda. La Fiscalía también reclama documentación sobre el origen de esos fondos y sobre otras operaciones patrimoniales realizadas durante el período examinado.

● La prórroga no estaba concedida hasta este lunes 24 de agosto. Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4, deberá decidir si extiende el plazo y puede escuchar previamente a la Fiscalía. La presentación patrimonial es una instancia previa: si las explicaciones resultaran insuficientes, Pollicita podría solicitar una declaración indagatoria, cuya convocatoria deberá resolver finalmente el juez.

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