Representantes de distintas instituciones participaron de una reunión para analizar la implementación del nuevo régimen penal juvenil, previsto a partir del 5 de septiembre por la Ley 27.801. El encuentro permitió compartir inquietudes, evaluar recursos disponibles y plantear alternativas basadas en el trabajo comunitario.
Distintas instituciones participaron de una reunión para abordar la implementación del nuevo régimen penal juvenil, establecido por la Ley 27.801 a partir del 5 de septiembre. El encuentro reunió a representantes del Hospital de Salud Mental de la Zona Sanitaria, la Unidad Regional Segunda de Educación, el Departamento de la Niñez, la Municipalidad, el Consejo de la Mujer y distintas iglesias evangélicas y católicas.
Durante la jornada, los participantes expusieron sus inquietudes, las responsabilidades de cada sector y los recursos disponibles para intervenir ante situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal. También acordaron ampliar la convocatoria para continuar trabajando en conjunto.
Uno de los ejes planteados fue la necesidad de priorizar alternativas al encarcelamiento, como la realización de trabajos comunitarios en iglesias, instituciones, centros de salud o establecimientos educativos. Estas actividades permitirían que los adolescentes continúen su formación y realicen acciones orientadas a reparar el daño causado.
Desde el encuentro también advirtieron sobre la falta de herramientas para garantizar el funcionamiento de los servicios de justicia, salud y educación. Se remarcó que el alojamiento de menores junto a personas mayores de 18 años está prohibido por la ley y que el encarcelamiento debe considerarse como último recurso.
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