● Un proyecto para limitar la publicidad de apuestas online lleva casi dos años esperando una definición en el Senado. La iniciativa recibió media sanción en Diputados en noviembre de 2024, pero todavía no obtuvo aprobación definitiva. Ante la cercanía del cierre de las sesiones ordinarias, la Iglesia católica y sectores de la oposición intensificaron sus reclamos para que avance.

● La Comisión Episcopal de Pastoral Social impulsó una campaña de firmas para reclamar el tratamiento de la iniciativa. En su petición advirtió que el problema ya afecta a chicos y familias, y citó datos de Unicef según los cuales el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó por internet alguna vez.

● El texto aprobado por Diputados propone prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del juego online. Esa restricción alcanzaría también a las campañas comerciales de las plataformas de apuestas. La propuesta apunta a reducir la exposición de niños y adolescentes a estas actividades, además de establecer medidas de prevención y control del acceso.

● La Libertad Avanza impulsa un enfoque diferente: prohibir la publicidad y el patrocinio de plataformas ilegales, pero permitir comunicaciones de operadores autorizados bajo determinadas restricciones. Entre ellas figuran impedir anuncios dirigidos a menores de edad y evitar mensajes que presenten las apuestas como una salida a los problemas económicos.

● En el Senado, la legisladora peronista Lucía Corpacci obtuvo respaldo para dar preferencia al tratamiento del proyecto. Sin embargo, ese apoyo no equivale a su aprobación y, según la información disponible, aún faltaba convocar a las comisiones encargadas de analizarlo. Sin ese avance, la iniciativa continúa pendiente de una definición legislativa.

● El reclamo eclesiástico ganó visibilidad en el contexto de la anunciada visita del papa León XIV. El 30 de noviembre finaliza el período ordinario de sesiones, aunque esa fecha no implica por sí sola que el proyecto pierda estado parlamentario. Para tratarlo durante sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo debería incluirlo en la convocatoria; mientras tanto, la ley sigue sin sanción definitiva.

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