● La denuncia por el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina quedó archivada en la Justicia Federal de Misiones, pero el traslado todavía tiene un frente judicial abierto. Una fiscal de Comodoro Py busca determinar si se utilizaron vehículos, personal u otros recursos del Estado argentino para facilitar el viaje del político brasileño.

● El 27 de octubre, Bolsonaro ingresó a Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, y luego partió desde el aeropuerto de esa ciudad en un vuelo privado. Según la reconstrucción difundida, los registros ubican su entrada a las 22:37 y su salida a las 23:52, una permanencia de aproximadamente 75 minutos.

● La fiscalía federal de Puerto Iguazú examinó información de la Dirección Nacional de Migraciones e Interpol y concluyó que no había elementos para sostener irregularidades en los movimientos migratorios denunciados. Una fiscal revisora confirmó el archivo de ese tramo. La decisión se limitó a la cuestión migratoria y no resolvió si hubo un uso indebido de bienes públicos.

● La fiscal federal Paloma Ochoa mantiene averiguaciones preliminares sobre los recursos utilizados durante el operativo. Entre los puntos a esclarecer figuran vehículos vinculados al Ente Binacional Yacyretá, las autorizaciones para emplearlos y la eventual intervención de funcionarios nacionales. Hasta la información disponible, las medidas de prueba no se tradujeron en imputaciones penales formalizadas.

● El asesor presidencial Santiago Caputo aparece mencionado en las reconstrucciones sobre la logística del traslado. El dirigente Gabriel Solano amplió su denuncia para pedir que también se investigue su participación y la de personas vinculadas a Yacyretá. La presentación constituye un pedido de investigación: no acredita una conducta delictiva ni significa que la Justicia haya ordenado declaraciones indagatorias.

● El expediente presenta así dos situaciones distintas: el cuestionamiento al movimiento migratorio quedó archivado, mientras continúa el examen sobre la posible utilización de recursos estatales. La fiscalía deberá establecer qué medios se emplearon, quién autorizó su utilización y si existió alguna infracción. Por ahora, no hay una conclusión judicial que confirme un uso irregular de esos recursos.

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