● El oro aumentó 66% durante 2025, pero el Banco Central argentino no captó toda esa suba. Su presidente, Santiago Bausili, explicó que el organismo había contratado coberturas para proteger las reservas frente a posibles caídas del precio. Según el funcionario, aun con ese límite, obtuvo una apreciación de unos US$ 3.500 millones ese año.

● Durante 2024 y 2025, el Banco Central combinó opciones de venta y de compra mediante una estrategia financiera conocida como zero cost collar. El mecanismo establece un valor mínimo de protección para el oro y, a cambio, fija un techo a las ganancias si su cotización aumenta más de lo previsto, sin una prima neta inicial.

● Bausili señaló que el techo de las coberturas se ubicó alrededor de una suba del 30%. Aseguró que el organismo captó el 100% de la apreciación del oro en 2024 y el 70% en 2025. Defendió que esas decisiones debían evaluarse según los riesgos y las expectativas existentes cuando se contrataron, no solamente por la evolución posterior del mercado.

● En medio de los cuestionamientos sobre el destino de los lingotes, el funcionario afirmó que el oro depositado fuera del país está bajo una relación con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Suiza, y negó que el BCRA mantuviera el depósito directamente en el Banco de Inglaterra. La identificación del depositario no determina por sí sola la ubicación física de todo el metal.

● La Auditoría General de la Nación (AGN) planteó objeciones por la documentación necesaria para controlar estas operaciones. Bausili negó que el organismo auditor tuviera prohibido acceder a ella y sostuvo que podía examinarla dentro de la sede del Banco Central, bajo condiciones de confidencialidad. Argumentó que divulgar posiciones, contrapartes y detalles de custodia podía elevar los riesgos financieros y de seguridad.

● El presidente del Central anunció que presentaría en las próximas semanas un documento con detalles de las operaciones. Mientras tanto, las cifras de rentabilidad y la justificación de las coberturas corresponden a su explicación pública. La discusión pendiente incluye la evaluación de los contratos y las condiciones de acceso de la AGN a la información que necesita para auditarlos.

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