● Los vecinos podrán denunciar directamente a policías y penitenciarios por presunto abuso de autoridad o mal desempeño ante un organismo civil, independiente de las jerarquías uniformadas. Se trata de una Dirección General de Auditoría y Control Externo, que tendrá bajo su órbita la Unidad de Recepción de Denuncias Ciudadana y nace con la Ley 10.908, publicada en el Boletín Oficial.
● El gobernador promulgó la Ley 10.908 por Decreto 1.627, luego de que la Cámara de Diputados la sancionara a partir de un proyecto del Ejecutivo. Sus 175 artículos crean el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y subordinan a la Policía y al Servicio Penitenciario Provincial a la conducción civil del Ministerio de Seguridad, que manejará estrategia, presupuesto y logística.
● En la jurisdicción de cada comisaría funcionará un Foro Vecinal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, integrado por vecinos y organizaciones intermedias, que podrá evaluar el desempeño policial, supervisar a las empresas de seguridad privada y canalizar reclamos ante el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. También se crea un Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, que unificará estadísticas delictivas y hará encuestas de victimización.
● La ley también fija límites a la actuación de los uniformados: el personal subalterno queda autorizado a desobedecer órdenes manifiestamente ilegítimas o que configuren delitos y apremios ilegales, las armas de fuego solo podrán usarse ante peligro inminente para la vida, propia o de terceros, y se prohíbe reunir datos sobre ciudadanos por su opinión política, su fe religiosa o su pertenencia sindical.
● La Policía de la Provincia mantiene un jefe y un subjefe, pero pasa a tener 14 direcciones generales, con la seguridad preventiva partida en dos comandos, Seguridad Capital y Seguridad Interior. Además se crea una Defensoría General del Policía, que atenderá reclamos laborales, dará asistencia jurídica en sumarios y monitoreará la salud psíquica de los agentes después de enfrentamientos armados.
● El despliegue territorial queda dividido en seis Unidades Regionales, y Chilecito y Famatina integran la Región II, la del Valle del Famatina. Las otras cinco son Valle del Bermejo, Norte, Centro, con Capital y Sanagasta, Llanos Norte y Llanos Sur, esta última con Rosario Vera Peñaloza, Facundo Quiroga y General San Martín.
● La ley da marco legal al traspaso de casi 200 detenidos con causas penales que siguen bajo custodia policial en la Alcaidía al Servicio Penitenciario Provincial, que depende de la Secretaría de Justicia. Llega mientras el ministro de Seguridad se encamina a ser Fiscal General, un abogado asumirá la cartera y la cúpula policial puso su renuncia a disposición. La reglamentación tiene 180 días.
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