● Casi el 13% de los préstamos otorgados a familias estaba en situación irregular en julio, mientras el Gobierno nacional prepara cinco cambios para ampliar el financiamiento en pesos. Las iniciativas apuntan a trabajadores, comercios y empresas, pero todavía no implican nuevos créditos disponibles ni una reducción automática de las tasas.

● Según el informe del Banco Central correspondiente a julio de 2026, la irregularidad alcanzó el 12,9% en los préstamos a hogares, frente al 3,6% en las financiaciones a empresas. La cifra mide el porcentaje de la cartera crediticia con problemas de pago, no la proporción de personas endeudadas.

● Una de las propuestas busca modificar los préstamos a empleados públicos con descuento directo del sueldo: se eliminaría el límite a las tasas de interés y se permitiría transferir derechos de cobro entre entidades habilitadas. Para trabajadores privados se proyecta un sistema centralizado de descuentos salariales, con cambios en la intervención administrativa de los empleadores.

● Para los comercios, el plan contempla convertir los cupones de ventas con tarjeta en instrumentos digitales transferibles. Eso permitiría obtener financiamiento respaldado por pagos todavía pendientes de acreditación. La medida podría interesar a pequeños negocios que necesitan efectivo para reponer mercadería o pagar proveedores, aunque sus costos y requisitos aún deben definirse.

● Las otras iniciativas se concentran en las empresas: un registro federal de garantías para ordenar la información sobre bienes ofrecidos como respaldo de préstamos y cambios en los límites de apalancamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca. El objetivo anunciado es ampliar la capacidad de otorgar avales y facilitar el acceso al financiamiento productivo.

● El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores trabajan en el esquema, presentado en un contexto de deterioro de los pagos familiares. Hasta que se conozcan y entren en vigencia las disposiciones correspondientes, no hay nuevos beneficios automáticos para deudores ni condonaciones de cuotas: las medidas apuntan a modificar cómo se ofrece y respalda el crédito.

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