● $100.000 por cada día de incumplimiento: esa es la sanción que el juez federal Martín Cormick dispuso este miércoles 14 de octubre contra la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli. La decisión responde a la falta de cumplimiento de una medida cautelar sobre salarios universitarios y fondos para becas, en una causa tramitada ante la Justicia federal.

● La cautelar obliga al Estado nacional a aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario vinculadas con la recomposición de las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos para becas estudiantiles. La orden había sido confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.

● Antes de aplicar la sanción, el juzgado había intimado al Ejecutivo a acreditar el cumplimiento de la medida. Según la información difundida sobre el expediente, el plazo inicial venció el 22 de septiembre y posteriormente hubo una prórroga. El magistrado consideró que las presentaciones estatales no demostraron el cumplimiento integral de las obligaciones exigidas por la cautelar.

● Uno de los puntos centrales es la actualización salarial frente a la inflación. En el conflicto se menciona un cálculo de recomposición del 40,25% sobre los salarios básicos de julio de 2025, referido a un período anterior. Esa cifra no significa que todos los trabajadores universitarios vayan a recibir inmediatamente ese porcentaje adicional sobre sus haberes actuales.

● El Gobierno nacional sostiene que otorgó incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 y cuestiona los cálculos reclamados en el expediente. También planteó objeciones presupuestarias. Sin embargo, esos argumentos no dejaron sin efecto la medida cautelar, cuyo cumplimiento sigue siendo exigible mientras se tramitan las controversias judiciales sobre la aplicación de la ley.

● La sanción económica busca presionar para que se ejecute la orden judicial: no equivale a una condena penal contra Santilli ni representa un pago de $100.000 a cada universidad. El conflicto mantiene en el centro a docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales, mientras se espera que el Estado acredite el cumplimiento de la recomposición salarial y los fondos para becas.

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