Mari Carmen Navas vivía en la vivienda desde 1956 y, según relató, pagaba regularmente un alquiler de 500 euros. Tras la compra del edificio por una empresa, el contrato no fue renovado y el valor reclamado pasó a 2.600 euros.
El desalojo de Mari Carmen Navas, una jubilada que vivía desde 1956 en la misma vivienda, generó protestas y marchas en distintas partes de España. El caso expuso, según el relato difundido, una situación vinculada con desalojos y dificultades habitacionales que atraviesan a parte de la población.
Navas explicó que el contrato de alquiler había sido transferido dentro de su familia durante décadas, primero de su padre a su esposa y luego a ella. Según su relato, esa modalidad de continuidad del alquiler dejó de ser posible después de que una empresa comprara el edificio y decidiera desalojarla.
La jubilada afirmó que había pagado regularmente una renta de 500 euros y que, tras la adquisición del inmueble, se le planteó un valor de 2.600 euros. También señaló que utiliza una silla de ruedas y cuestionó el desalojo mientras sostuvo que nunca dejó de pagar el alquiler.
Navas afirmó además que el inmueble había sido adquirido por 250.000 euros y que posteriormente sus propietarios pretendían venderlo por 900.000 euros. En sus declaraciones cuestionó que el Gobierno de España permita situaciones de este tipo y vinculó su caso con la crisis habitacional que se registra en el país.
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