● El proyecto petrolero Sea Lion quedó formalmente bajo análisis de la Justicia Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en la acción presentada contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, pero todavía no resolvió el pedido central de excombatientes y ambientalistas: suspender las obras, perforaciones y demás actividades vinculadas con el desarrollo.

● La acción fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Los demandantes plantearon una acción preventiva por daño ambiental colectivo y pidieron que las petroleras se abstengan de avanzar con Sea Lion hasta que se cumpla ante la autoridad nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la legislación argentina.

● Borruto siguió el criterio del Ministerio Público Fiscal y reconoció la competencia federal por la materia y el territorio. La resolución también sostuvo la jurisdicción internacional de los tribunales argentinos frente a compañías radicadas en el extranjero y destacó que las instalaciones proyectadas se ubicarían sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental cuya jurisdicción marítima reclama la Argentina.

● Antes de decidir sobre las cautelares, la magistrada exigió completar requisitos procesales. La parte actora deberá presentar en cinco días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros procesos idénticos, traducciones oficiales al castellano y copias digitales de documentación extranjera incorporada al expediente. Hasta que esos pasos se cumplan, la suspensión de Sea Lion permanece sin resolución.

● El juzgado también dispuso dar intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante su Fiscalía de Estado. La decisión tomó en cuenta los intereses patrimoniales y ambientales provinciales y el carácter interjurisdiccional de los recursos naturales involucrados en el área marítima donde se proyecta desarrollar el yacimiento.

● Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El proyecto prevé más de 60 pozos submarinos en distintas etapas y apunta a iniciar la producción de petróleo en 2028. Los demandantes sostienen que su avance puede provocar daño ambiental y cuestionan que se ejecute sin autorización argentina.

● Este expediente no es la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Mientras aquella presentación busca determinar si existieron delitos de acción pública, la causa de Río Grande tiene un objetivo inmediato diferente: conseguir una medida judicial que suspenda las actividades vinculadas con Sea Lion.

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