● Más de $30 millones en efectivo, pagarés firmados en blanco, dos armas de fuego, vehículos y numerosos bienes quedaron incautados este martes durante cuatro allanamientos simultáneos realizados en la ciudad Capital. Los procedimientos forman parte de una investigación por usura y amenazas y dejaron cuatro personas detenidas: tres ciudadanos colombianos y una mujer argentina.
● Según la información oficial, la investigación comenzó a partir de denuncias de personas que aseguraron haber recibido préstamos bajo condiciones que calificaron como abusivas. Los denunciantes sostuvieron que los prestamistas les exigían intereses elevados y que, cuando se atrasaban con los pagos, comenzaban los reclamos sobre sus bienes y las amenazas.
● Uno de los elementos más relevantes hallados durante los procedimientos fueron documentos y pagarés que, de acuerdo con el reporte oficial, estaban firmados en blanco por distintas personas. También se incautaron bienes muebles que ahora serán analizados dentro de la investigación para determinar su vinculación con los hechos denunciados.
● Los denunciantes también manifestaron que algunos bienes de su propiedad habrían quedado retenidos como consecuencia de las deudas. Además, afirmaron haber recibido amenazas contra su integridad física y su patrimonio cuando no podían cumplir con los pagos exigidos. Esos señalamientos forman parte de la investigación y todavía deben ser determinados judicialmente.
● La Policía provincial informó que los cuatro procedimientos se desarrollaron de manera simultánea y que, además del dinero, fueron incautados vehículos, dos armas de fuego y otros elementos considerados de interés. El comunicado no precisó los domicilios allanados ni identificó al juzgado o fiscalía que interviene en la causa.
● Tras las detenciones, el Gobierno provincial informó que continúa articulando mecanismos legales para impulsar ante los organismos competentes el trámite migratorio respecto de extranjeros vinculados a hechos delictivos. En este caso, cualquier eventual expulsión de los ciudadanos colombianos dependerá del procedimiento correspondiente y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
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