● Una empresa británica inhabilitada por Argentina por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización en zonas próximas a Malvinas aparece hoy como accionista de una sociedad beneficiada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La denuncia fue presentada por el diputado Maximiliano Ferraro y apunta a Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy S.A.

● El punto central del planteo es que Harbour Energy PLC no es una compañía distinta de Premier Oil PLC. Registros societarios británicos muestran que se trata de la misma persona jurídica, con el mismo número de inscripción, cuyo nombre fue modificado en 2021. Premier Oil había sido inhabilitada por Argentina en 2013 durante 15 años, por lo que la sanción se extiende hasta 2028.

● Southern Energy fue incorporada al RIGI para desarrollar un proyecto de licuefacción y exportación de gas desde Río Negro. La sociedad está integrada por Pan American Energy con el 30%, YPF con el 25%, Pampa Energía con el 20%, Harbour Energy con el 15% y Golar LNG con el 10%.

● Ferraro sostuvo que el cambio de denominación societaria no elimina la sanción aplicada a Premier Oil, ya que la empresa continúa siendo jurídicamente la misma. El diputado pidió explicaciones al Gobierno y cuestionó los controles realizados antes de aprobar la incorporación de Southern Energy al régimen de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

● La controversia no significa, por sí sola, que Harbour Energy haya recibido un RIGI propio ni que exista una ilegalidad ya determinada. La beneficiaria formal es Southern Energy S.A. y lo que ahora se discute es si una sociedad alcanzada por una inhabilitación vigente puede participar como accionista de una empresa admitida al régimen.

● El caso también derivó en una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, la secretaria de Energía, María Tettamanti, y funcionarios que intervinieron en la evaluación del proyecto. La presentación busca determinar si se omitieron controles al aprobar el ingreso de Southern Energy al RIGI. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que establezca responsabilidades.

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