● El Gobierno nacional dio dos pasos concretos sobre el Atlántico Sur: reforzó partidas para Defensa y las Fuerzas Armadas, con recursos vinculados a la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, y puso a Cancillería al frente de un procedimiento más rápido para sancionar a empresas que desarrollen actividades petroleras sin autorización argentina.

● El DNU 867/2026 modificó el Presupuesto 2026 e incorporó movimientos positivos por aproximadamente $217.954 millones para el área de Defensa y las Fuerzas Armadas. Entre las partidas aparecen unos $60.429,5 millones para el Ejército, $34.156,9 millones para la Fuerza Aérea, $8.115,6 millones para la Armada y $519,4 millones para el Estado Mayor Conjunto.

● Dentro de esas modificaciones también figuran recursos asociados a la Base Naval Integrada de Ushuaia y al fortalecimiento de capacidades de telecomunicaciones. El paquete presupuestario es más amplio y no todo el dinero puede atribuirse exclusivamente a Malvinas, pero sí incluye infraestructura y capacidades militares vinculadas con la presencia argentina en el extremo austral y el Atlántico Sur.

● El mismo DNU sumó además $30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia de Estado y movimientos positivos por $119.289,5 millones para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Esas partidas forman parte de la modificación presupuestaria general, aunque la norma no permite afirmar que todo ese dinero esté específicamente destinado a la política por Malvinas.

● El Decreto 868/2026 abrió otro frente: convirtió al Ministerio de Relaciones Exteriores en autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que sanciona actividades hidrocarburíferas realizadas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. La norma apunta expresamente a explotaciones vinculadas con los espacios marítimos alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

● Cuando existan indicios suficientes, Cancillería podrá iniciar un sumario. La empresa o persona alcanzada tendrá 10 días hábiles administrativos para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Luego, la autoridad contará con otros 10 días hábiles para resolver si archiva las actuaciones o aplica una sanción, según el procedimiento establecido por el decreto.

● La Ley 26.659 contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para empresas alcanzadas por esas conductas. Además, los organismos nacionales deberán informar a Cancillería dentro de cinco días hábiles cualquier posible infracción que detecten. El propio decreto enmarca estas medidas dentro de un plan de acción integral vinculado con el reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas.

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