● Mientras Luis Vázquez atravesaba las secuelas de un ACV que sufrió en 2016 y permanecía internado con un cuadro que le impedía administrar personalmente sus bienes, 34 propiedades de su patrimonio fueron transferidas. Casi diez años después, sus familiares siguen reclamando que la Justicia investigue cómo se concretaron esas operaciones y determine si existieron responsabilidades penales.

● El foco de la denuncia está puesto sobre Maximiliano Teta, empleado y apoderado de confianza de Vázquez. Según el abogado de la familia, Juan Caimi, durante aquel período se habrían firmado escrituras a un ritmo inusual, con jornadas en las que se concretaron hasta cuatro operaciones. Los herederos también señalaron que varias transferencias tuvieron como destinatarias a personas del entorno del apoderado.

● Otro de los puntos que cuestiona la familia son los valores declarados en las escrituras. Una tasación mencionada en el caso ubicó el valor conjunto de los 34 inmuebles, principalmente localizados en Ezeiza y otras zonas del sur bonaerense, cerca de los US$14 millones. Los herederos sostienen que las operaciones se concretaron, en promedio, por menos del 5% de ese valor.

● Las escrituras cuestionadas fueron realizadas ante el mismo escribano, otro de los elementos que la querella incorporó a su planteo judicial. La familia considera que la repetición de intervinientes, los precios consignados y los vínculos entre algunos compradores forman parte de un esquema que debe investigarse. Hasta ahora, esas circunstancias integran la acusación de los herederos y no equivalen a una condena judicial.

● La causa también quedó atravesada por cuestionamientos sobre un allanamiento realizado en la escribanía donde se instrumentaron las operaciones. Los denunciantes plantearon presuntas irregularidades alrededor de ese procedimiento y reclamaron que también sean investigadas. En paralelo, impulsan que el expediente analice si pudo haber existido una organización coordinada detrás de las transferencias.

● Mientras continúa la disputa, la Justicia dispuso una medida para impedir que los inmuebles involucrados sean vendidos, modificados o vuelvan a cambiar de manos durante el avance del expediente. La familia busca recuperar los bienes y sostiene que todavía resta determinar qué ocurrió con el patrimonio de Vázquez durante el período en que estaba imposibilitado de intervenir personalmente en sus negocios.

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