● Argentina quedó primera entre 16 países latinoamericanos por nivel de morosidad bancaria. Según el relevamiento de la Federación Latinoamericana de Bancos, el 7,3% de la cartera de préstamos al sector privado estaba en situación irregular en marzo, frente a un promedio regional de 2,78%.
● La diferencia es amplia: el indicador argentino equivale a unas 2,6 veces el promedio de América Latina. Brasil apareció segundo con 4,3% y Colombia tercero con 3,7%, mientras República Dominicana, El Salvador y Uruguay mostraron los niveles más bajos del relevamiento, con 1,1%, 1,4% y 1,7%.
● El cuadro se vuelve más fuerte al mirar el tamaño del crédito. Argentina tiene una relación crédito sobre PBI de apenas 14,3%, la más baja entre los 16 países analizados. El promedio regional alcanza 47,3%, por lo que el país combina poco financiamiento respecto de su economía con una proporción elevada de préstamos problemáticos.
● Los datos más recientes del Banco Central muestran que la situación no terminó en marzo. En junio, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado fue de 7,6%. Había llegado a 7,7% en mayo y bajó una décima, aunque permanece en niveles muy superiores a los registrados un año antes.
● El mayor deterioro aparece entre las familias. El BCRA informó que en junio la mora de sus financiaciones se ubicó en 12,8%, mientras que entre las empresas fue de 3,5%. Dentro del crédito a hogares, los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 16,4% y las tarjetas de crédito se ubicaron en 12,6%.
● El problema también creció en toda América Latina. La cartera vencida de los bancos de la región llegó en marzo a unos USD 104.621 millones, 10% más que en diciembre de 2025 y 44% por encima de un año antes. En ese período, la morosidad regional subió de 2,51% a 2,78%.
● A pesar del deterioro, el Banco Central informó que el sistema financiero mantiene niveles elevados de cobertura frente al riesgo crediticio. En junio, las previsiones de las entidades equivalían al 86,6% de la cartera irregular. El dato distingue el aumento de los atrasos de una eventual falta de solvencia general del sistema bancario.
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