● En medio del crecimiento de la morosidad y de una presentación de diputados que pide investigar a billeteras virtuales, la Cámara Argentina Fintech salió a defender al sector y apuntó contra los impuestos. Según la entidad, dependiendo de la jurisdicción, cerca de un tercio del costo de un crédito puede estar vinculado con tributos nacionales, provinciales y municipales.

● La Cámara sostuvo que las fintech no concentran la mayor parte del dinero en mora de las familias. Sobre un total de $82,8 billones de crédito familiar, $13,5 billones están en situación irregular. De ese monto, los bancos explican $8,5 billones, las fintech $2,2 billones y otros proveedores $2,8 billones.

● El dato no significa que la mora dentro del universo fintech sea baja. Según las cifras de Analytica difundidas por la entidad, 10,1 millones de personas tienen deudas con estas empresas y 2,41 millones registran atrasos superiores a 90 días. Los grupos se superponen, porque una misma persona puede deber simultáneamente a bancos, fintech y otros prestamistas.

● Frente a las críticas por las tasas, el sector remarcó que su forma de financiar los préstamos es distinta a la de los bancos. Mientras las entidades bancarias pueden utilizar depósitos de sus clientes, las fintech recurren a capital propio, financiamiento bancario o fondos obtenidos en el mercado. La Cámara sostiene que esa estructura, sumada a los impuestos, termina impactando sobre el costo final.

● La entidad también defendió el crecimiento del crédito digital: afirmó que más de 10 millones de personas acceden actualmente a financiamiento fintech, contra menos de 500.000 antes de la pandemia. Dentro de ese universo, 3,8 millones no tienen un crédito bancario, dato que la Cámara utiliza para sostener que estas plataformas ampliaron el acceso al financiamiento formal.

● Como respuesta al aumento de los atrasos, la Cámara pidió reducir la carga impositiva, actualizar con mayor rapidez la Central de Deudores del Banco Central, avanzar con sistemas de finanzas abiertas y reforzar refinanciaciones y educación financiera. El planteo aparece mientras la Autoridad Nacional de la Competencia recibió un pedido para investigar tasas, algoritmos y posibles prácticas anticompetitivas de billeteras y otros proveedores no bancarios.

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