● “Muchas veces se endeudan para pagar deudas”, afirmó el gobernador Ricardo Quintela al anunciar que está próximo a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para crear un Régimen de Protección Integral de Usuarios y de Créditos para Consumo de la Familia Riojana. La medida apunta a limitar prácticas que el mandatario calificó como abusivas frente al creciente endeudamiento de los hogares.

● Quintela sostuvo que hay trabajadores y familias que dejaron de utilizar el crédito para mejorar su vivienda, comprar un vehículo o progresar y comenzaron a recurrir al financiamiento para cubrir obligaciones anteriores. Según explicó, el problema se profundiza con tasas elevadas y refinanciaciones sucesivas que pueden terminar absorbiendo una parte cada vez mayor del ingreso mensual.

● El gobernador afirmó que el nuevo régimen no pretende impedir el acceso al crédito, sino establecer límites frente a lo que definió como rentabilidades “desmedidas, abusivas y usureras” obtenidas a partir de la necesidad económica. El anuncio todavía no permite conocer las herramientas concretas del régimen, sus topes, alcance, beneficiarios ni mecanismos de aplicación, que deberán surgir del texto definitivo del decreto.

● Quintela vinculó la nueva medida con el Decreto 1082, mediante el cual aseguró que se dio de baja un código de descuento por cobros indebidos y se mantuvieron únicamente convenios regularizados. También recordó una investigación de la División de Delitos Económicos de la Policía provincial sobre una red ilegal de préstamos, usura y extorsión que, según afirmó, aplicaba en algunos casos tasas superiores al 1.000%.

● El mandatario incorporó además dentro del mismo paquete de protección la suspensión provincial por 180 días de las ejecuciones prendarias. Explicó que esa medida no modifica los contratos originales, sino que abre un período para que quienes recibieron y otorgaron los créditos puedan alcanzar acuerdos sin que durante ese plazo avance la ejecución de los bienes afectados como garantía.

● Tanto el régimen anunciado como la suspensión de las ejecuciones fueron presentados por Quintela como respuestas transitorias frente a lo que definió como una situación de “extrema gravedad” para las familias riojanas. El punto clave ahora será la publicación del DNU: allí deberán quedar establecidos los límites concretos, qué créditos estarán alcanzados y qué protección tendrán efectivamente los usuarios.

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