● En menos de siete meses, las empresas iniciaron al menos 153 Procedimientos Preventivos de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. El registro oficial llega hasta el 23 de julio y muestra un promedio superior a un trámite por cada día hábil transcurrido, una cifra que ya quedó muy cerca del total acumulado durante todo 2025.

● El salto se vuelve más visible al comparar la serie reciente. En 2023 se habían iniciado 42 procedimientos, en 2024 fueron 131 y en 2025 llegaron a 164. Con 153 expedientes hasta el 23 de julio, 2026 quedó a solo 11 casos de alcanzar todo el año pasado pese a que todavía restaban más de cinco meses para terminar el calendario.

● Otro dato marca la dimensión del incremento: los 153 procedimientos iniciados durante 2026 superan los 135 que se contabilizaron entre 2020, 2021, 2022 y 2023 sumados. En ese período hubo 26 casos en 2020, 24 en 2021, 43 en 2022 y 42 en 2023.

● El Procedimiento Preventivo de Crisis no significa que una empresa haya cerrado ni que los despidos ya estén consumados. Es una instancia que debe tramitarse antes de determinadas suspensiones o cesantías colectivas fundadas en causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, cuando la cantidad de trabajadores afectados supera los porcentajes establecidos según el tamaño de cada compañía.

● Los umbrales cambian según la dotación. El trámite corresponde cuando las medidas alcanzan a más del 15% del personal en empresas con menos de 400 trabajadores, más del 10% en aquellas que tienen entre 400 y 1.000 empleados y más del 5% cuando la plantilla supera las 1.000 personas.

● La información oficial entregada sobre los expedientes fue parcial. No se detalló cuántos trabajadores están involucrados, cuáles son las actividades económicas con mayor cantidad de procedimientos, cómo se distribuyen territorialmente ni cuántos expedientes terminaron finalmente con despidos o suspensiones acordadas.

● El dato permite medir la cantidad de empresas que recurrieron al mecanismo formal de crisis, pero no alcanza por sí solo para determinar cuántos puestos de trabajo se perdieron. Hasta el 23 de julio, el número confirmado es 153 procedimientos iniciados; el impacto laboral concreto de cada expediente no fue discriminado en la información difundida.

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