● Más de $1,038 billones vinculados al Sistema Vial Integrado quedaron en el centro de una denuncia penal presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz ante la Justicia federal. La legisladora pidió investigar si funcionarios nacionales incurrieron en malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes o negociaciones incompatibles con la función pública.

● Según los datos incorporados a la presentación, el SisVial recaudó $1,503 billones durante los últimos dos años y medio, pero destinó $394.406 millones a construcción, mantenimiento y otras obras viales. La denuncia calcula una subejecución del 73,8%: 11,3% en 2024, 39% en 2025 y 18,5% entre enero y mayo de 2026.

● Al 31 de mayo de 2026, $1,001 billones permanecían colocados en inversiones financieras, entre títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones estaban en una cuenta corriente. Tolosa Paz pidió determinar cuánto dinero ingresó efectivamente al SisVial, cuánto siguió invertido y qué ocurrió con recursos que, según su planteo, pudieron quedar retenidos antes de llegar al fideicomiso.

● La presentación tomó relevancia después de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que parte de los impuestos que alimentan el sistema vial es utilizada por el Ministerio de Economía para alcanzar el equilibrio fiscal. La denuncia reclama que la Justicia establezca si ese manejo resulta compatible con el destino específico previsto para esos recursos y quién impartió las instrucciones.

● Entre los casos incluidos aparecen obras de las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires. El esquema citado contempla 70% de financiamiento externo y 30% de contraparte local, pero los informes de auditoría de 2024 mencionados en la denuncia registraron 0% de ejecución de esa contraparte, pese a la disponibilidad de recursos del sistema vial.

● Tolosa Paz también pidió preservar documentación desde enero de 2024, incluidos expedientes administrativos, correos electrónicos, instrucciones de funcionarios y registros bancarios y contables. La causa deberá determinar ahora si existió una utilización ilegal de los fondos o si las decisiones financieras cuestionadas estaban permitidas. Hasta el momento, la denuncia abre una investigación y no acredita por sí misma la comisión de los delitos mencionados.

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