● Una deuda millonaria por obras ya ejecutadas volvió a poner en tensión al Gobierno y al sector de la construcción. El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, reconoció oficialmente obligaciones impagas por $220.000 millones con empresas contratistas que realizaron trabajos para el Estado y todavía no cobraron esos certificados.

● El dato que más ruido generó es que no habrá pago en efectivo. Para evitar un impacto directo sobre las cuentas públicas, Economía resolvió cancelar esa deuda con tres bonos del Tesoro en pesos, con vencimientos escalonados entre octubre de 2026 y abril de 2027, trasladando el pago hacia adelante en lugar de desembolsar fondos ahora.

● El esquema quedó formalizado a través del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, un mecanismo diseñado para cerrar deudas vinculadas a contratos estatales. Las empresas tendrán 10 días hábiles para adherirse y otros 10 días para presentar sus liquidaciones con el detalle de lo reclamado.

● La adhesión, sin embargo, tiene una condición central: quienes acepten el plan deberán desistir de reclamos administrativos y judiciales ya iniciados, además de renunciar a futuros créditos relacionados con esas mismas obras. En términos prácticos, ingresar al régimen implica cobrar bajo las condiciones oficiales y cerrar el conflicto legal con el Estado.

● La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) sostiene que la deuda real sería bastante mayor y podría llegar a $400.000 millones. El principal reclamo del sector es que el plan solo contempla montos ya facturados o reconocidos, por lo que quedarían afuera certificados pendientes, actualizaciones por inflación y otros conceptos que las empresas consideran parte de la deuda total.

● El trasfondo del conflicto mezcla deuda acumulada del tramo final del gobierno de Alberto Fernández con la fuerte paralización de obra pública desde diciembre de 2023. El punto central de esta medida no es una reactivación de obras, sino otro: Caputo busca cerrar parte de la deuda histórica con constructoras sin comprometer el superávit fiscal, uno de los pilares del programa económico nacional.

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