● La posible reforma de la Carta Orgánica del Banco Central volvió a encender una fuerte discusión económica y política. El detonante fue la advertencia de dos ex presidentes de la entidad, que cuestionaron el proyecto del Gobierno y alertaron sobre los riesgos de quitarle al Estado herramientas para financiarse en contextos de crisis.
● El Gobierno de Javier Milei busca modificar el marco legal del Banco Central para impedir que financie al Tesoro mediante emisión monetaria. En términos simples, apunta a cerrar aún más la posibilidad de que el Estado cubra déficit fiscal con pesos emitidos por la autoridad monetaria, una práctica que el oficialismo vincula directamente con la inflación.
● La iniciativa también avanzaría sobre otro punto sensible: darle mayor autonomía al BCRA y enfocar su misión casi exclusivamente en el control de la inflación. Eso implicaría un cambio profundo respecto de la reforma de 2012, impulsada durante el kirchnerismo, que amplió los objetivos del organismo hacia estabilidad financiera, crecimiento y empleo.
● Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central entre 2010 y 2013, sostuvo que la reforma “se veía venir” y afirmó que responde a una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Según planteó, reducir la política monetaria al control de la inflación puede dejar de lado variables clave como el empleo, la actividad y el salario real.
● Miguel Pesce, quien encabezó el BCRA entre 2019 y 2023, advirtió que combinar autonomía plena con un objetivo único puede generar efectos severos sobre la economía real. Según explicó, un Banco Central centrado solo en bajar la inflación podría endurecer tasas, restringir crédito y terminar empujando una recesión más profunda.
● Pesce además trazó un paralelismo histórico delicado: dijo que el esquema del que se habla recuerda al de la convertibilidad. Recordó que ese modelo coincidió con una recesión prolongada entre 1998 y 2003, con fuerte caída de la actividad y un desempleo que llegó al 25%.
● Más allá de las críticas, la reforma aparece como una de las apuestas estructurales más importantes del Gobierno. Si el proyecto avanza en el Congreso, no solo cambiaría el funcionamiento del Banco Central: también redefiniría cómo futuros gobiernos podrán manejar crisis fiscales, inflación y financiamiento del Estado.
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