● Una frase pronunciada en televisión terminó abriendo una nueva etapa judicial. Manuel Adorni reconoció que había omitido declarar parte de su patrimonio, aseguró que obtuvo cerca de US$300.000 de ganancias con inversiones en bitcoin y afirmó que durante años acumuló ahorros fuera del sistema formal. Ahora la investigación ya no se concentra solo en las declaraciones juradas corregidas.

● El caso se tramita en la Justicia Federal, donde el fiscal Gerardo Pollicita comenzó a evaluar medidas para determinar el origen de los fondos incorporados recientemente a las declaraciones patrimoniales. Según las explicaciones públicas de Adorni, una porción importante del dinero provino de operaciones realizadas con criptomonedas entre 2014 y 2018.

● Durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete sostuvo que invirtió alrededor de US$200.000 en bitcoin y que obtuvo ganancias cercanas a US$300.000. También afirmó que junto a su esposa ahorró dólares durante años fuera del circuito bancario. Esas declaraciones quedaron ahora bajo análisis para verificar si pueden respaldarse con documentación y registros verificables.

● Entre las medidas que podrían impulsarse figuran pedidos de información sobre billeteras virtuales, movimientos bancarios, evolución patrimonial y documentación vinculada a operaciones con criptomonedas. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero y establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio informado.

● La investigación tomó impulso después de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y presentara la correspondiente a 2025. Hasta entonces, el foco estaba puesto en diferencias patrimoniales detectadas en distintas presentaciones. Con las nuevas declaraciones públicas, la atención judicial pasó a centrarse también en el origen y la trazabilidad de los fondos incorporados.

● Por el momento no existe una resolución judicial sobre el fondo del caso. La fiscalía busca reunir información y documentación que permita contrastar las explicaciones brindadas públicamente por el funcionario con los registros patrimoniales, financieros y tributarios que puedan surgir durante la investigación.

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