Lo hizo a través de una carta publicada por el Año Nuevo. En el texto, el mandatario afirmó que convocó a los gobernadores para impulsar el proceso contra el titular del máximo tribunal. También pedirá investigar “las conductas de los restantes miembros” de la Corte.
El presidente Alberto Fernández anunció este domingo que pedirá el juicio político del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para que “se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, tras la difusión de informaciones “jamás contradichas” que dejan al descubierto “el vínculo escandaloso entre parte de la política y la justicia” en el marco de “un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la República”.
Para el Presidente, “las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado”.
En los últimos días se difundieron supuestos chats de Telegram entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el principal operador del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, donde éste le recomendaba al funcionario de Larreta los pasos a seguir para que la Corte pueda convalidar judicialmente el reclamo del senador Luis Juez a un lugar en el Consejo de la Magistratura.
También se revelaron intercambios sobre el amparo otorgado por la Corte Suprema al Gobierno porteño, a través del cual le aumenta por su cuenta, sin respetar la división de poderes, el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de todas las demás provincias.
“Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere”, destacó Fernández en su comunicado para explicar la decisión que había tomado: “Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica”.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje por el Año Nuevo, publicado en las redes oficiales del Gobierno, en el que señaló que también impulsará que se investiguen “las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”.
Asimismo, Fernández resaltó que le ordenará al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que “promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”.
Entre los chats filtrados, también hay una serie de intercambios entre D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, el empresario que maneja el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad, con expresos pedidos de ayuda para licitaciones en curso y la mención de sobres con dólares destinados al funcionario.
Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos.
Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado.
Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente.
El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores.
Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.
Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una perdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso.
Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegria a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.
Aún cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores practicas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho.
En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.
Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mi dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica.
He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autonoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal.
También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.
Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado.
Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución.
Mis mejores deseos de felicidad para todas y todos ustedes.
Muchas Gracias.