● El cierre de una estación experimental que trabaja con productores de alimentos del Área Metropolitana de Buenos Aires quedó suspendido por decisión judicial. La medida también frenó el avance de una reestructuración impulsada dentro del INTA y bloqueó cambios que incluían traslados de personal, cierre de agencias y posibles transferencias de inmuebles estatales.
● La resolución fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto. La cautelar hizo lugar parcialmente a una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), APINTA y organizaciones vinculadas a la agricultura familiar.
● Entre las medidas suspendidas figura el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), un organismo que desarrolla tareas de investigación, asistencia técnica y acompañamiento a productores hortícolas, agricultores familiares y emprendimientos de producción urbana y periurbana.
● El fallo también ordenó al INTA abstenerse durante seis meses de avanzar con el cierre de agencias de extensión ubicadas en Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, Avellaneda, San Vicente, San Martín y Escobar. Además, impidió reubicaciones de equipos técnicos, despidos, ventas de inmuebles y modificaciones sobre programas de investigación en marcha.
● Uno de los puntos centrales del expediente es un predio de aproximadamente 33 hectáreas ubicado entre Hurlingham e Ituzaingó. Según la resolución cuestionada, esos bienes podían ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), paso previo para una eventual venta o subasta de los terrenos.
● Al fundamentar la medida, el magistrado sostuvo que existían riesgos de afectación sobre derechos laborales y sindicales, además de posibles consecuencias sobre investigaciones, programas técnicos y redes de trabajo construidas durante años. También advirtió que el cierre podría impactar en productores y organizaciones que reciben asistencia del organismo.
● La cautelar no anuló de manera definitiva la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional. La decisión suspendió sus efectos por seis meses mientras continúa la tramitación judicial y se analiza si las medidas cuestionadas pueden aplicarse o no en forma permanente.
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