● La suspensión que había frenado la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz quedó sin efecto tras una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Con ese fallo, la modificación impulsada por el Gobierno nacional volvió a tener vigencia mientras continúa la discusión judicial de fondo sobre su constitucionalidad.

● La medida cautelar había sido dictada en abril por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, a partir de una presentación impulsada por autoridades y representantes políticos de El Calafate. En esa resolución se ordenaba al Estado nacional abstenerse de aplicar la reforma dentro del territorio santacruceño hasta una sentencia definitiva.

● Al revisar el caso, los camaristas concluyeron que no estaba acreditada la existencia de un daño ambiental concreto e inminente que justificara mantener suspendida la norma. Según los fundamentos difundidos, la cautelar se apoyaba en riesgos potenciales que aún no habían sido demostrados en forma efectiva.

● La discusión gira en torno a los cambios introducidos en la protección de glaciares y ambientes periglaciares. Sectores ambientalistas, organizaciones civiles y dirigentes políticos sostienen que la reforma reduce los niveles de resguardo vigentes desde 2010 y podría facilitar el avance de actividades productivas en áreas sensibles.

● Desde el Gobierno nacional defienden la modificación y afirman que la normativa anterior incorporaba zonas que, según su interpretación, excedían el alcance original de la protección glaciar. También sostienen que cualquier emprendimiento continuará sujeto a evaluaciones ambientales y controles establecidos por la legislación vigente.

● Aunque la cautelar fue revocada, el proceso judicial principal continúa abierto. La constitucionalidad de la reforma todavía deberá ser analizada por los tribunales, por lo que la controversia entre el Gobierno y los sectores que cuestionan los cambios permanece vigente y sin una resolución definitiva.

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