● El temor empezó a circular con fuerza entre transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día y profesionales del área: el Gobierno nacional impulsa cambios en el sistema de discapacidad y sectores del rubro alertan que podría eliminarse el nomenclador nacional, el esquema que hoy fija el valor mínimo que debe cobrar un prestador en todo el país.

● El posible cambio impactaría sobre servicios sensibles y cotidianos. El nomenclador regula valores de referencia para transporte, terapias, maestras integradoras, hogares, rehabilitación y centros especializados. Si desaparece ese piso nacional, prestadores advierten que cada obra social podría pagar montos distintos o negociar valores más bajos.

● Hasta ahora no hay una resolución oficial publicada que elimine el nomenclador. Lo que existe es un proyecto de reforma impulsado por el Gobierno nacional y una fuerte discusión en el sector, donde organizaciones y prestadores sostienen que la medida podría derivar en una desregulación de pagos.

● El riesgo que señalan prestadores es concreto: caída de ingresos, dificultades para sostener servicios y posibles recortes en tratamientos o traslados para personas con discapacidad. Algunos sectores advierten que centros pequeños o independientes podrían quedar más expuestos si los pagos dejan de tener un piso mínimo garantizado.

● Desde el Ejecutivo, el argumento oficial apunta al control del gasto, auditorías y reorganización del sistema. Mientras tanto, el nomenclador sigue vigente y continúa actualizándose por resolución oficial, un dato clave en medio de la polémica: el cambio todavía no ocurrió, pero la preocupación del sector sigue creciendo.

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