● Tres días corridos pueden separar a un inquilino atrasado de una intimación decisiva: ese es uno de los puntos más sensibles del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, enviado por el Poder Ejecutivo y en debate en el Senado nacional bajo el expediente PE-13/26.

● La iniciativa propone acelerar los desalojos mediante juicio sumarísimo, desocupación anticipada bajo caución juratoria y resoluciones judiciales en plazos breves. En la práctica, el texto pone el foco en proteger al titular del inmueble, pero abre una alarma directa para quienes viven o trabajan alquilando.

● Inquilinos Agrupados cuestionó el proyecto y advirtió que el esquema argentino quedaría entre los más duros de la región: según su comparación, no contempla la posibilidad de frenar el desalojo pagando la deuda y permite lanzamientos incluso con fuerza pública y en días inhábiles.

● El conflicto no golpea solo a las grandes ciudades. También cruza al campo, donde la discusión por tierra, arrendamientos y expropiaciones aparece atada a un cambio de paradigma: menos margen de intervención estatal y más poder jurídico para quien ya tiene título de propiedad.

● Los defensores de la reforma sostienen que la medida busca dar seguridad jurídica, reducir procesos largos y evitar que una propiedad quede bloqueada durante meses o años. La crítica central responde que esa rapidez puede convertirse en desprotección para familias, trabajadores y pequeños productores sin propiedad propia.

● El proyecto ingresó al Senado el 27 de marzo de 2026, fue dado cuenta el 9 de abril y girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Por ahora no es ley: está en tratamiento parlamentario, con propietarios e inquilinos mirando el mismo texto desde veredas opuestas.

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