● La confesión de un presunto testaferro encendió un pedido de informes a la Justicia argentina para esclarecer la compra de aproximadamente 20.000 hectáreas en la Patagonia, una operación que habría sido financiada con fondos vinculados a la familia real de Abu Dhabi y que despertó preocupación por el posible uso de intermediarios para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

● Según la información difundida públicamente, el supuesto intermediario habría reconocido su participación en la maniobra destinada a encubrir la identidad de quienes estarían detrás de la adquisición de las tierras, lo que motivó la intervención de legisladores nacionales que solicitaron precisiones institucionales sobre la legalidad y transparencia de la transacción.

● El caso pone el foco en el eventual cumplimiento de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, normativa que establece límites a la titularidad extranjera de tierras y mecanismos de control sobre este tipo de operaciones, especialmente cuando se trata de grandes extensiones ubicadas en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales y valor geopolítico.

● Además del origen de los fondos, las actuaciones buscan determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales delitos económicos, como lavado de activos o simulación societaria, siempre en el marco de una instancia preliminar y sin que hasta el momento se hayan determinado responsabilidades judiciales.

● La situación permanece en etapa inicial y a la espera de definiciones institucionales que permitan confirmar o descartar las irregularidades señaladas. Mientras tanto, el caso reabre el debate público sobre el control estatal de la propiedad de la tierra y la participación de capitales extranjeros en áreas de alto valor ambiental y estratégico.

📱 Seguinos en Facebook y no te pierdas nada