● El cambio se votó en el Congreso y altera un punto clave de la normativa vigente desde 2010: ya no habrá una protección uniforme sobre glaciares y ambiente periglacial, sino evaluaciones caso por caso. La modificación abre la puerta a actividades antes restringidas en zonas de cordillera y redefine qué áreas quedan bajo resguardo.

● La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. El nuevo esquema incorpora un criterio central: solo se protegerán de forma estricta los cuerpos de hielo que demuestren una función hídrica relevante, lo que introduce una instancia técnica de validación en cada proyecto.

● Desde el Gobierno nacional sostienen que el cambio permitirá “destrabar inversiones” en minería, especialmente en litio, cobre y oro, y mejorar el ingreso de divisas. Plantean que la normativa anterior generaba restricciones amplias que dificultaban el desarrollo productivo y que ahora habrá mayor previsibilidad para proyectos en zonas cordilleranas.

● La reforma también otorga mayor margen de decisión a las provincias, que podrán intervenir en la definición de áreas protegidas y en la evaluación de actividades productivas. Este punto modifica el esquema anterior, donde la protección tenía un criterio nacional uniforme, y traslada parte del control a jurisdicciones locales.

● Especialistas en ambiente, glaciología y recursos hídricos advierten que el nuevo criterio puede debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Señalan que el ambiente periglacial cumple funciones de regulación hídrica que no siempre son visibles de forma inmediata y que podrían quedar fuera del resguardo bajo el nuevo sistema.

● Organizaciones ambientales y sectores científicos también cuestionan que la evaluación “caso por caso” puede introducir discrecionalidad y generar conflictos de interpretación técnica. Anticiparon presentaciones judiciales para frenar o revisar la aplicación de la norma, especialmente en proyectos ubicados en zonas sensibles.

● Tras la aprobación, el escenario inmediato combina expectativa económica con conflictividad institucional: mientras sectores productivos preparan proyectos en áreas antes restringidas, referentes ambientales y jurídicos avanzan en estrategias para impugnar la reforma y exigir definiciones más estrictas sobre qué se considera zona protegida.

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