La Asamblea Nacional sancionó la reforma de la Ley de Hidrocarburos que elimina el control mayoritario de PDVSA, permitiendo a privados operar yacimientos y comercializar crudo directamente bajo nuevas licencias del Tesoro estadounidense.
En un giro histórico para la economía regional, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta modificación normativa desmanteló el modelo de control estatal absoluta vigente desde hace dos décadas, habilitando a las empresas privadas nacionales y extranjeras a gestionar proyectos de exploración y extracción de manera independiente, sin la obligación de conformar empresas mixtas con mayoría accionaria de PDVSA.
El cambio legislativo coincidió con la emisión de la Licencia General Nº 46 por parte de la OFAC, bajo la administración de Donald Trump. Esta medida autorizó a compañías estadounidenses a retomar operaciones comerciales en el país, estableciendo que los pagos se realicen mediante cuentas controladas por Washington para garantizar la transparencia.
La nueva ley también flexibilizó el régimen de regalías, fijando un tope del 30%, y otorgó seguridad jurídica al permitir que las controversias se resuelvan mediante arbitraje internacional. Con estas medidas, el gobierno interino de Delcy Rodríguez buscó reactivar una producción que, aunque alcanzó los 1,2 millones de barriles diarios en 2025, aún se encontró lejos de sus niveles históricos.
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