En Argentina, hasta los juicios se parecen a una mesa de truco: todos fingen seguridad, pero nadie muestra las cartas. Diego Spagnuolo, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, está en ese dilema. No sabe si irse al mazo con planteos de nulidad o jugar la carta del “arrepentido”, que en tribunales significa entregar pruebas nuevas y señalar a quienes están más arriba.
Los tiempos no son casuales. La fiscalía de Franco Picardi espera que hable. El juez Casanello ya preguntó qué hará. Y Spagnuolo, mientras tanto, pide prórrogas. Si se acoge a la ley del arrepentido, no queda libre de culpas: puede recibir una reducción importante de la pena, pero no la absolución. Su beneficio depende de cuánto y a quién entregue. Si prueba corrupción más arriba, él podría zafar de la cárcel; los que caen son los que aparecen en la cadena de responsabilidades.
El caso roza la línea más sensible: fondos para discapacidad. Dinero destinado a personas que no pueden trabajar, a chicos que dependen de una pensión para vivir, se convirtió en botín de funcionarios que ahora se esconden tras discursos de eficiencia y motosierra. La contradicción es obscena: mientras recortan jubilaciones mínimas con la excusa del déficit, acá hay (como mínimo) seis millones de dólares que nunca llegaron a quienes los necesitaban.
El contraste social es imposible de ignorar. Jubilados que no logran comprar remedios, y PyMEs que apagan las máquinas por altas tarifas. Y en paralelo, un expediente en Comodoro Py que puede destapar cómo la “casta” libertaria se armó su propia caja chica (aunque no tan chica).
Así, el gobierno que se presentaba como enemigo de la corrupción necesita hoy que Spagnuolo se quede callado. Porque si habla, la motosierra deja de ser metáfora para convertirse en prueba judicial. Y la pregunta es si las astillas alcanzarán solo al funcionario menor o si también volarán hacia el corazón del poder.
En política, los silencios también son confesiones. Y este silencio, si se rompe, puede terminar siendo el más caro de todos.
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