● La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente a referentes del propio oficialismo libertario, incluidos la diputada Lilia Lemoine, el periodista Javier Negre y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, por amenazas, hostigamiento sistemático e incitación a la violencia. La denuncia también alcanza a usuarios anónimos que, desde cuentas verificadas en redes sociales, difunden mensajes con referencias a armas y llamados a la desestabilización institucional.
● El documento judicial menciona insultos diarios, campañas organizadas y advertencias falsas sobre un supuesto intento de golpe de Estado, como parte de una ofensiva que Villarruel considera planificada. En particular, acusa a Lemoine de difundir contenidos que buscan dañarla públicamente y debilitar su rol como presidenta del Senado. En sus palabras, el ataque apunta a “socavar el poder que presido” mediante el odio digital.
● En el texto presentado ante la Justicia, Villarruel invoca más de siete artículos del Código Penal y describe las agresiones como reiteradas, organizadas y peligrosas para el orden republicano. Aunque la denuncia se enfoca en su persona, advierte que estos hechos podrían marcar un precedente grave para la democracia. La fractura interna en La Libertad Avanza ya es abierta y cruza el umbral de lo discursivo hacia el terreno penal.
● En 2022, Cristina Fernández también era vicepresidenta cuando alguien le gatilló en la cabeza y la bala no salió. Hoy, Villarruel denuncia amenazas con armas y desestabilización desde su propio espacio político. La Justicia deberá determinar si hay delitos contra el orden público. Pero el mensaje político ya está dado: el conflicto libertario escaló a niveles que ponen en riesgo la integridad institucional.
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