● Unos 9.135 kilos de carne para la Quinta de Olivos durante seis meses quedaron en el centro de una ampliación de denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La legisladora afirmó que llevó al Juzgado Federal N° 12 dos pliegos de la Secretaría General de la Presidencia y pidió investigar quién solicitó, recibió y pagó la mercadería.

● Según Pagano, los documentos fechados el 24 y 25 de agosto contemplan 29.505 kilos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para Casa Rosada y Olivos. Del total, 20.370 kilos corresponderían a la sede gubernamental y 9.135 a la residencia presidencial: para Olivos, el volumen representa un promedio cercano a 50 kilos diarios durante seis meses.

● La diputada sumó otra comparación: sostuvo que las cantidades previstas para Olivos incluyen cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que las destinadas a Casa Rosada. Pagano contrastó esos números con su afirmación de que por la sede gubernamental circulan unas 50 veces más personas, dato que utilizó para fundamentar su pedido de investigación.

● Pagano también puso el foco en el circuito administrativo de las compras. Señaló a Osvaldo Javier Sosa, entonces administrador general de Olivos, y a María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General, entre siete funcionarios con competencia en el procedimiento. Además vinculó familiarmente a ambos con Analía Agudiez y mencionó un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”.

● Esa relación forma parte de la hipótesis presentada por la legisladora y no prueba que alimentos adquiridos por el Estado hayan terminado en un negocio privado. Pagano pidió que ARCA informe operaciones vinculadas al emprendimiento y reclamó preservar correos electrónicos, remitos y registros para determinar quién pidió cada producto, quién recibió las entregas y qué proveedores cobraron.

● La presentación también cuestiona una orden de compra por $4,3 millones otorgada, según Pagano, a un proveedor cuyo domicilio registrado no mostraría una estructura comercial acorde con la operación. La diputada incorporó además cuestionamientos sobre MASTICAR S.A. y la cafetería de la Cámara de Diputados, aunque se trata de una contratación distinta de las compras destinadas a Olivos.

● Pagano identificó el expediente como CFP 4673/2026 y afirmó que la ampliación quedó en manos del Juzgado Federal N° 12. Entre las medidas solicitadas mencionó una pericia contable y el resguardo de documentación. Hasta ahora, las cantidades y relaciones señaladas sustentan una denuncia que deberá ser investigada; por sí solas no acreditan un desvío de mercadería ni responsabilidades penales.

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