La drogadicción no es una enfermedad común, sus raíces las debemos buscar en problemas psicológicos, y sociológicos, con implicancias legales y criminales que ha tenido en nuestro país un crecimiento desmedido en los últimos años, seguramente por una falta de política nacional clara al respecto.

Según el SEDRONAR por año, unos 130.000 argentinos experimentan consumos abusivos de drogas ilícitas y 43.000 de ellos (117 por día) se internan en los 399 centros especializados para paliar su adicción.

No obstante, la oferta sanitaria nacional en rehabilitación resulta insuficiente para el 25 por ciento de los adictos (32.5000 personas).

Hace un tiempo la Corte Suprema dictamino garantizar la asistencia terapéutica a los adictos, sin embargo la realdad nos muestra que la estructura sanitaria está completamente saturada por los pacientes más graves que son los policonsumidores en etapa crítica.

De acuerdo al SEDRONAR, Argentina es el país de América Latina con mayor cantidad de poli consumidores de sustancias ilícitas, existiendo además desde 1994 a la fecha un incremento del 32% de los casos de dependencia directa.

Debemos recordar que entre la droga de inicio y la sexta consumida existen apenas tres años de abuso de sustancias y en el grueso de los casos eso se da entre los 15 y 18 años.

También debemos mencionar que el cannabis (marihuana) NO ES BENIGNA como alguna autoridad nacional trato de explicar al justificar la despenalización en la tenencia de drogas, es la puerta de inicio al consumo de sustancias ilegales en el 60,9% de los casos, secundados por la cocaína y el paco, con el 16,4%.

En este contexto el tratamiento de las adicciones establece una gran diferencia en los pacientes con diferente poder adquisitivo ya que el costo de los tratamientos ronda los $ 3.200 mensuales de promedio.

En una entrevista con Diario La Nación Marcelo Plotnik, psicólogo de Casa del Sur, la mayor comunidad terapéutica del país, con 14 sedes, 500 camas de internación, los diversos organismos del Estado, prepagas y obras sociales que cubren las internaciones de los adictos muestran atrasos de hasta siete meses en los pagos. Pero, "lo más acuciante, es la falta de camas para pacientes que puedan esperar", dice.

Es cierto que un Instituto de recuperación del drogadicto es necesario en ciudades como Chilecito con casi 50.000 habitantes, sin embargo no debemos dejar pasar el concepto que la prevención, la educación y la contención de los más vulnerables es la base de toda política sanitaria. En el caso de la drogadicción la legislación y el accionar de las fuerzas de seguridad deben acompañar en esta lucha.

La drogadicción ha llegado para quedarse, debemos ser muy directos en el mensaje, y firmes en su lucha.