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Madres de la esperanza

Antonia Angélica Frías, Lucia Montivero y una tercera mujer que prefiere no dar a conocer su identidad por temor a represalias, además de vivir en Chilecito comparten un gran dolor: sus hijos son adictos dependientes de las drogas. En Chilecito, son alrededor de 20 madres las que todos los días viven el calvario de no saber si mañana verán a sus hijos con vida. Son mujeres que luchan contra las adicciones de sus hijos y decidieron que debían estar unidas por una causa común. Reclaman soluciones y piden que por favor escuchen sus experiencias. Afirman que sin la intervención del gobierno, la creación de un instituto para la rehabilitación y tratamiento de sus hijos, nunca llegará al departamento. Mientras tanto, ven como la clase dirigente anuncia en cuanto acto se presente el neuropsiquiátrico para el departamento que hasta ahora es solo una utopía.

Los jueces se lavan las manos, dando una en el clavo y ciento en la herradura, en cuanto a las decisiones para sacar a los chicos de este flagelo. ¿Delincuentes o enfermos?, de la respuesta dependerá la postura que cada uno adopte sobre el tema, pero hay algo que no podemos dejar pasar por alto y es que todos sufrimos las consecuencias de este problema. A las madres de estos chicos las une la necesidad de sacar a sus hijos adelante y a nosotros ¿qué papel nos toca?.

Antonia, es una mujer mayor pero por el tono de su voz parece que tuviera muchos años más. Vive en una precaria casa del Barrio Independencia y es abuela guardadora de Pedro Jonathan Galleguillo (20), adicto con un problema neurológico de base agravado por el consumo de droga.

Con mucho dolor nos relata: “Lo lleve a un neuropsiquiatra en julio del anteaño pasado a La Rioja, estuvo internado antes en Chilecito en el mes de junio porque se quiso ahorcar. Tiene 20 años y empezó con la droga a los 14, su madre lo mandó a La Rioja, después la doctora Rivero nos ha mandado a llamar porque él estuvo internado un mes en “Nueva Vida”. Lo hemos traído y andaba bien y después más grandecito, con las amistades, empezó a levantar cosas que no eran de él, se juntaba con los amigos que lo mandaban, los otros se disparaban y él quedaba pegado, por eso tiene antecedentes en la policía. Acá venía con las cosas que robaba y yo llamaba a la policía, se los entregaba para que se lo lleven”, admite Antonia con resignación pero con la esperanza de recuperar a Jony, quien actualmente lleva tres semanas prófugo del neuropsiquiátrico capitalino.

Jorge Fuentes (17) es hijo de Lucia, también se desconoce su paradero ya que hace 20 días se encuentra prófugo de la clínica “Los Llanos”. La tercera mujer, nos relata que dos de sus hijos están recuperándose de los efectos de las drogas, uno en la penitenciaría de la provincia pagando por un delito de robo, el otro en un neuropsiquiátrico.

“Esta mañana, el juez Ramos nos atendió en la plaza, yo lo encaré para saber qué novedades teníamos del chico, y me contestó que no había nada. Entonces le dije que me iba a ir a la radio, Ramos me dijo que tenía que irme a La Rioja, a él solo le preocupaba que yo no levantara la voz, pero él no es nadie para hacerme callar. A mí me lo van a entregar a mi hijo, porque fue internado por orden del juez ya que acá no hay un lugar”, le aclara Antonia a una asistente social buscando una palabra que la oriente para saber qué decisión tomar ante la indiferencia de la justicia chileciteña, a sabiendas que la vida de Jonathan corre peligro, fruto de los recurrentes períodos de abstinencia y la necesidad de consumir droga, que hoy por hoy, tiene una oferta sin límites.

Lucia, no menos preocupada por la situación de su hijo prende ansiosa un cigarrillo mientras que le pregunta a la asistente social si algún día podrá recuperar los cuatrocientos pesos que tuvo que pagarle a una mujer, (maestra jardinera de Chilecito, dueña de un negocio que casualmente le vende alcohol y pegamento a los menores) que bajo amenazas se apersonó en el domicilio de la madre de Jorge (17) denunciando que este le sustrajo de su casa la suma de tres mil pesos, al mismo tiempo que aclara “estoy pagando donde mi hijo está internado, en la clínica Llanos, a él lo sacaron para hacer actividades y no saben si se ha fugado en ese momento, estuvo internado un día y medio”.

Lo cierto es que a estos chicos no hay quién les dé contención o un estímulo para sacarlos del problema en el que están metidos, “mi nieto fuma cigarrillos, que llaman porros”, explica Antonia. “En Buenos Aires cuando lo llevé me dijeron que todavía no había agarrado ni la marihuana ni el Paco, el estudio que le han hecho ha salido que era jabón en polvo que lo preparaba con la lavandina, después el detergente que lo preparaba con el pegamento, POXIRAN, eso lo mezclan y lo aspiran.

En Buenos Aires estuvo en “La Grandiosa”, un lugar muy bueno, el iba por dos años, pero lo han tenido solo seis meses y me lo trajeron. En seis meses no se cura un chico, el año pasado, me dijeron que estaba bien, lo hemos traído y anduvo un tiempo bien, pero ha vuelto a caer. Cuando consume es violento, cuando viene mal viene pateando cosas”.

Peor que a los animales

Pese al interés permanente de su abuela, Jonathan se fugó hace unos 20 días y según Antonia “no avisaron a nadie, el doctor del neuro nos dice que ellos avisaron a los tribunales de Chilecito diciendo que el chico se había fugado y acá, la secretaria del doctor Ramos les contestó que el juez no se encontraba en ese momento y les cortó la llamada, eso me dijo el doctor de la clínica, aquí dicen que nadie los ha llamado, cuando yo fui a dejarle tres números de teléfono para que me llamen”.

Como se dice comúnmente, se pasan la pelotita, dejando en claro que en realidad a nadie le importa mucho lo que les sucede a estas mujeres.

A esta altura quien podría negar que estas madres, en su gran mayoría, llevan un sentimiento innato de protección y lucha por su descendencia. Antonia hace un silencio y en un acto de la memoria busca entre sus recuerdos el altercado (hoy día parte de un juicio), que tuvo con el personal del neuropsiquiátrico, cuando Jonathan fue internado y sometido a un período de abstinencia como parte de su rehabilitación.

“El 7 de julio de 2008 cuando estuvo Jony en La Rioja en el neuropsiquiátrico, fui a visitarlo y lo encontré decaído, la enfermera me explicó que era por los medicamento que estaba tomando el chico, ese mismo día viene la policía y nos dice que salgamos al patio, porque el compañero de cuarto de mi hijo un chico Lencina, se iba a cambiar de ropa, pero desde afuera escuchábamos los gritos de este chico que fue llevado al Hospital en ambulancia, yo le pregunté al policía porque se lo llevaban y me contestaron que Lencina se había golpeado la mano.

A las 19 me fui preocupada porque a mi hijo no lo veía bien, a las 10 de la noche llega una señora al albergue donde yo estaba y me dice que a mi hijo lo había visto en la guardia del hospital, con un policía para ser atendido, el día martes a la mañana voy al neuro a verlo al Dr. Romanazzi el cual estaba atendiendo a Jony, a preguntarle porqué mi hijo había sido llevado a la guardia, a lo que me contesta que mi hijo se había empastillado con otra medicación y lo llevaron para realizarle un lavado de estómago. Le dije que si a mi hijo le pasaba algo los iba a denunciar. A la tarde vuelvo y lo encuentro esposado en la cama, el policía me dice que era una orden que ellos tenían, le pido que le saquen las esposas, le levanto la remera y veo que estaba todo golpeado, en la espalda, los brazos, las piernas, tenía marcadas las gomas con que les pegan y todo morado. Tenía golpeada la cabeza, la cara toda hinchada y la nariz desviada, le costaba mucho respirar. La enfermera me dice que se golpeó con la orilla de la cama y la pared.

El chico estuvo con abstinencia, se golpeaba y el doctor parado al lado de él, le decía, “¡miralo al drogado!”, mientras que los policías comentaban entre sí: “este cotudo viene de Chilecito”.

Jony se golpeaba, se caía y yo pidiendo que hicieran algo por el amor de Dios. La enfermera me contestó que cuando los chicos ingresan a la clínica los policías tienen derecho a tratarlos así. Fue ahí donde no sé de donde saqué fuerzas y empecé a golpear a los efectivos, mi hijo sangraba por la boca y la nariz y yo con la impotencia que tenía, le pegué al médico que se cayó de rodillas y le dije que me denunciara si quería, le di un caramelo de miel a mi hijo, porque dicen que eso hay que darles para calmarlos, con eso se ha tranquilizado y me abrazó y lo lleve a la cama. Me fui corriendo del hospital a donde estaba la oficina de derechos humanos para que vean como estaba el chico. Me presento en la oficina de medicina legal y la abogada me comenta que ya sabía del caso y tenían indicado de llevarlo con el otorrinolaringólogo y no lo hicieron, luego lo tuvieron esposado y encerrado hasta el día 12 que lo derivaron a Buenos Aires.

El médico de “La Grandiosa” me preguntó por qué los galopean a los chicos si esos son lugares para que los cuiden y no para que los maltraten. Ahora: yo quisiera que vayan a ver el neuropsiquiátrico de La Rioja, es una mugre, los chicos tienen que ir esposados de la cama a los baños, como si fueran perros”.
Las declaraciones de la directora

A raíz de la grave denuncia de Antonia, el 23 de julio de 2008, Cristina Kaufman, directora del Servicio de Neuropsiquiatría de La Rioja, admitió ante los medios los hechos de violencia que ocurrían entre los efectivos policiales y los pacientes con problemas de adicción a los que custodian y que son alojados en el Servicio por orden judicial. Las declaraciones de la funcionaria pusieron en evidencia que la provincia no cuenta con un centro público y gratuito de salud destinado a la atención de las personas adictas. Ante la falta de un lugar donde dejarlos, los jueces envían al neuro a los pacientes con custodia policial, lo chicos son vigilados permanentemente por policías y ante la falta de celdas para contener a estos jóvenes, son esposados, “estos pacientes generan muchos inconvenientes en el Servicio, en varias oportunidades nos robaron medicamentos y tuvimos que llevarlos de urgencia a la guardia del Hospital para hacerles lavajes de estomago. Además generan situaciones de violencia y malestar entre los pacientes internados”, sostenía Kaufman.

El 24 de octubre del 2009, mediante una carta dirigida al secretario de Prevención de Adicciones Dr. Alberto Andalor, la Dra. Cristina Díaz, asesora oficial de menores y discapacitados, solicitaba con carácter de urgencia una vacante en la residencia “La Grandiosa”, casa terapéutica de la ciudad de Mercedes provincia de Buenos Aires para Jonathan, quien ya había permanecido internado en el año 2008. Los argumentos que sostenían tal pedido: “el grave riesgo que ponía en peligro la integridad psicofísica de todo el grupo familiar conviviente del joven en cuestión”. La respuesta nunca llegó y en el ínterin Jonathan desapareció del Servicio de psiquiatría provincial.

La otra madre que se animó a hablar con Diario Chilecito, que prefiere no dar su nombre por temor a que le ocurra algo a su familia, explica que sus hijos cayeron en el vicio “por las malas juntas del barrio, hay chicos que se drogan y venden. La policía sabe quiénes son los que venden y no hacen nada, ni la policía ni los jueces. Hay barrios que están marcados como son el Nueva Italia, 147 viviendas, 46 viviendas, el 111, San Cayetano, Independencia, los jóvenes se juntan y consumen, en todo el sector de la Policía de la Mujer. En la plazoleta San Nicolás, los fines de semana la gente no puede vivir ahí porque fuman, toman, se pelean, en las veredas se drogan. En la esquina de la plazoleta hay un negocio que les vende alcohol y pegamento a los chicos, nadie hace nada, entonces esto está cada vez peor. A mis hijos los llevaron porque decían que ellos eran los que vendían, sin embargo, la droga sigue, nunca se cortó, los más grandes les venden a los más chicos, como los hicieron con mi hijo menor que está internado o el hijo de Lucia. A mi hijo, lo hice detener porque estaba agresivo, hace tres fines de semana atrás me correteaba con un cuchillo para que le de 100 pesos que yo no tenía en ese momento y si los hubiese tenido tampoco se los daba. Nosotros vivimos con lo justo, llamé a la policía para que se lo lleve porque al último le tenía miedo y eso que tiene sólo 15 años. No denuncio a los responsables porque tengo miedo que me hagan algo, son mafias, tengo miedo que me maten, pero yo sé quiénes son los que venden, el juez también sabe quiénes son”.

Antonia interrumpe el relato para preguntarse lo que en estas instancias ya es una obviedad: “¿por qué les venden pegamento a los menores, si saben que no lo pueden hacer?, vemos a los chicos en las esquinas como locos y siguen toda la noche. El otro día he llamado a la policía, para avisarles que niños de siete, ocho y nueve años en la gruta de San Expedito estaban drogándose con la bolsita, ha ido la policía y se han disparado para el lado de la defensa, como a las dos de la mañana venían locas esas criaturas. Acá no tenemos ninguna seguridad”.

Lucia por su parte, nos comenta que en vista a lo sucedido y temiendo por la vida de su hijo y el nieto de Antonia, en el transcurso de esta semana viajarán a La Rioja para intentar dar con el paradero de estos chicos, “nosotros vamos a ir a buscarlos por un lugar donde más o menos podrían hallarlos, pero nos han avisado que primero tenemos que ir a “Nueva Vida” para que nos reciba la psicóloga y después la policía juvenil de civil los va a buscar. Nos han dicho que están en un barrio que es re peligroso pero nosotras decimos de ir de buenas, hablarlos bien a los chicos, yo pienso que no nos van a hacer nada, vamos a ir por las dudas, la policía no entra a ese barrio, los remiseros, ni los colectiveros tampoco. Nosotras preguntamos a otros compañeros en “Nueva Vida” y ellos nos informaron que mi hijo Jorgito les comentó que se iba a ir a ese lugar”.

Cuánto vale una vida en Chilecito

El 18 de noviembre de 2008 Jaime Exequiel Ruarte perdía la vida en un calabozo de la Comisaría de Chilecito, donde había sido alojado el día anterior, "dijeron que se suicidó, cuando sabemos que es totalmente falso", constaba en la denuncia hecha por Jaime Jesús Ruarte y María Estela Rivero, padres del joven. En el escrito ingresado por los tutores se aclara también que: "convencidos que la versión del suicidio es totalmente falsa, solicitamos a un fotógrafo profesional que obtuviera placas del cuerpo sin vida de nuestro hijo, y una de ellas muestra que la lesión del cuello, en primer lugar, no es un surco profundo como el que verifica en los casos de ahorcamiento, sino muy superficial; en segundo lugar es casi horizontal, más propio de un caso de estrangulamiento que de ahorcadura, lo que permite sostener con fundamento, que en realidad se trató de encubrir las verdaderas causas de la muerte, disfrazándola de suicidio, como ya sucediera en otros casos en la Provincia, entre otros el de Cristian Ruiz en la Dirección de Investigaciones".

El 4 de diciembre de 2008 María Estela Rivero y Jaime Jesús Ruarte, padres del joven denunciaron el hecho ante el señor Agente Fiscal de Chilecito, para que se promueva la investigación por “homicidio” o “vejaciones seguidas de muerte”, en contra de personal policial a determinar, "el señor Agente Fiscal puede advertir, las explicaciones brindadas a la opinión pública a través de los medios de prensa, son totalmente absurdas y grotescas, y son también una muestra acaba de cómo se pretende "tomar el pelo" a nuestra sociedad para defender lo indefendible. Nuestro hijo no era un santo, pero nadie tenía derecho a asesinarlo", es la frase que queda suspendida en el colectivo social, mientras que algunos sostienen que se debe bajar la edad de inimputabilidad de los jóvenes y otros opinan que la solución pasa por la vereda de enfrente. Por supuesto que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, del mismo modo que nada justifica los golpes que reciben los jóvenes internados en los servicios de neuropsiquiatría de la provincia.

Sin embargo, estos hechos siguen sucediendo y todavía hay funcionarios sentados en sus escritorios tratando de descifrar el gran enigma; se drogan para robar o roban para drogarse, cuando la realidad nos demuestra que son las dos caras de una triste moneda.

La situación de estas madres ha pasado del desconcierto a la preocupación y de la preocupación al desborde. Lo cierto es que la sociedad actual está desbordada. Cómo es posible que nos parezca natural que en una familia puedan consumir dos o tres chicos simultáneamente. ¿Acaso es mejor asumir una psicosis de no saber por dónde pasan las soluciones para traer a estos chicos de nuevo al mundo, que tener un problema adictivo que pueda ser tratado en un lugar adecuado?.

Las leyes existen, hacen obligatorio el tratamiento pero nadie tiene voluntad de cumplir, mucho menos los que pueden hacerlo:

LEY 26061- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

ARTICULO 4° - POLITICAS PUBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:
e) Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

ARTICULO 5° - RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La prioridad absoluta implica:
1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas;
3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;
4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice;
5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales.

ARTICULO 6° - PARTICIPACION COMUNITARIA. La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.

ARTICULO 7° - RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.
El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones.

No hay peor político que al que le tocan el bolsillo.

Seamos solidarios y pacientes con la clase política, por un momento pongámonos en su lugar aún teniendo en cuenta que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, pensemos de qué manera podemos tocarles la sensibilidad, a ellos nos les duele lo que a estas mujeres les pasa, entonces propongamos un proyecto en monedas, sumémosles las muertes de los chicos para ver cuánto valen para ellos cada vida que se pierde en el departamento por causa de las adicciones. ¿Sirve poner un instituto para salvar otros tantos chicos?.

Cada vez se hace más difícil que interpreten el mensaje desesperado de estas madres, cuando no hay quiénes las respalden desde lo legal para reclamar ante toda una institución, lo único que pueden hacer es unirse y sumar las muertes para vitar otras tantas. Un juez que argumenta que en La Rioja está la solución, no tiene la menor intención de hacerse cargo de la raíz del problema que, oh casualidad! está precisamente en Chilecito. Y la policía… todo un capítulo aparte. Cómo puede ser que un chico aspirando pegamento, oriundo del Barrio 147 sea llevado por un vecino a la comisaría por intento de robo en el barrio Cable Carril, poniendo en riesgo la vida de cualquiera, cuando el chico está con arresto domiciliario. La excusa de siempre: falta de personal efectivo para que realice las guardias domiciliarias.

Alguien se preguntó ¿porqué no se construye un instituto para rehabilitar a estos jóvenes adictos en Chilecito?

¿Por qué razón los proyectos de jóvenes discapacitados o de jubilados son aprobados inmediatamente?.

La explicación radica en la autofinanciación, de un discapacitado a través de la pensión por discapacidad y de los abuelos a través de su jubilación. Ningún político estaría interesado en promocionar un proyecto que deba ser financiado con fondos de su propio bolsillo, por ejemplo, los dirigidos a los niños de la calle o a los jóvenes adictos.

Teniendo en cuenta que al sol es imposible taparlo con un dedo, el Juez de Instrucción, Doctor Alfredo Ramos anunció que se reunirá con especialistas de dicho Juzgado y de la provincia, dedicados al tratamiento de la drogadependencia. La finalidad de la reunión, es la búsqueda de alternativas para solucionar los flagelos juveniles. El motivo del encuentro: los numerosos casos de jóvenes adictos en el Departamento Chilecito. Lo dicho: más vale tarde que nunca.

La última carta

“Dentro de nuestro poco conocimiento, se nos ocurre plantearle lo siguiente: que se trate de hacer un lugar para internar estos chicos, pero no para doparlos como se hace en la mayoría de los internados de este tipo. Lógicamente que haya profesionales en la materia pero además enseñarles a los chicos algún oficio para que ellos mismos ayuden a mantenerse hasta que estén en condiciones de volver a la sociedad. Nos damos cuenta que no debe ser nada fácil montar un establecimiento de tal magnitud, pero madres del grupo ya enviaron hijos a otras provincias, los devuelven a los 5 o 6 meses cuando se sabe que ese tiempo no alcanza para su recuperación”.

Así concluye la carta que estas madres escribieron al gobernador para que la solución llegue cuanto antes a Chilecito. Hasta el momento el Estado no tomó cartas en el asunto, no hace un control de cómo están los chicos en las internaciones, ni mucho menos un seguimiento del tratamiento. Mientras tanto, Antonia, Lucia y otras tantas madres, suplican la construcción de un instituto en el departamento porque temen lo peor. Y aunque muchos hagan oídos sordos, estas madres ya son una sociedad de hecho, están unidas por el mismo dolor y juntas pelean por recuperar a sus hijos.